Interpelació sobre la contaminació al pantà de FLIX

Señora ministra, señoras y señores diputados, ha tenido que ser a través de los medios de comunicación que se dé a conocer la presencia de más de 200.000 toneladas de residuos tóxicos en el lecho del río Ebro. Es evidente que nos encontramos ante una violación de los derechos de la ciudadanía, derechos definidos en la Constitución, a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Es evidente que los poderes públicos han violado sus responsabilidades de proteger los recursos naturales. La gravedad de la situación hace que presentemos esta interpelación al Gobierno para que interceda y tome medidas para paliar esta situación.


Según la información aparecida en los medios de comunicación, las más de 200.000 toneladas de residuos tóxicos que han sido vertidos en el pantano de Flix no sólo afectan al embalse, sino que se extienden por el río Ebro hasta la desembocadura. Según la información recibida, debido a la densidad de los contaminantes estos permanecen en el lodo y no contaminan el agua; sin embargo, la presencia de sustancias tóxicas en la zona de la desembocadura, aunque en menor cantidad, indica que en parte se han desplazado río abajo. Las concentraciones de estas sustancias en los sedimentos superan todos los límites permitidos y en el caso de una disminución drástica de caudal, como el que pudiera producirse bajo determinadas condiciones climatológicas o el resultado de pequeños movimientos sísmicos o de un trasvase, los productos tóxicos podían contaminar las aguas con resultados catastróficos para la salud de los habitantes de la zona y pérdidas económicas incalculables para toda la zona de la ribera del Ebro.

Las últimas noticias revelan que los alcaldes de la zona no habían sido informados de los altos niveles de radioactividad en el vertedero de residuos especiales del Racó de la Pubilla. En ese sentido queremos recordar el artículo 45.1 de la Constitución: Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo; 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva; 3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. Este grave caso de contaminación, como otros casos que han tenido lugar anteriormente en otras zonas del Estado, atenta gravemente contra el derecho enunciado y ponen en tela de juicio la responsabilidad pública requerida. La publicidad y transparencia de un episodio grave de contaminación no pueden depender de una cuestión coyuntural entre Gobierno y empresas. Consideramos que el Gobierno deberá posicionarse al respecto y rogar explícitamente a la Fiscalía de Medio Ambiente que investigue esta cuestión y asigne las oportunas responsabilidades administrativas y penales a entes públicos y privados de forma ejemplar, para sentar un precedente favorable y rotundo en defensa del medio ambiente y la salud de la población.


Una empresa con capital multinacional, al amparo del vacío legal existente en España, se instaló en Flix para poder realizar impunemente sus vertidos tóxicos al río. Los directivos de la empresa sabían que desde 1975 existían directivas europeas relativas al vertido de sustancias peligrosas al medio. No entendemos cómo se puede sustentar el argumento de que la empresa podía quedar exenta de cualquier responsabilidad.
Sorprende el silencio del Consejo de Seguridad Nuclear respecto a los vertidos radioactivos en el vertedero del Racó de la Pubilla. Están aun en el recuerdo colectivo los casos de Aznalcóllar, el Prestige y ahora Ercros. Al final los desastres ecológicos acaban siendo pagados por los recursos públicos. ¿Piensa el Gobierno poner en marcha las medidas legislativas necesarias para que los causantes de delitos ecológicos paguen los gastos que se deriven de la recuperación ambiental? En este caso, ¿cree el Gobierno que existe una responsabilidad de la Administración competente, ya que no se ha enterado o si se ha enterado ha permitido durante años el vertido de sustancias tóxicas sin preocuparse de posibles daños ecológicos? A la luz del artículo mencionado en la Constitución, ¿piensa el Gobierno actuar para que donde haya instalaciones con potencial contaminante se establezcan los controles necesarios para evitar situaciones como la que nos ocupa? Hasta ahora la Confederación Hidrográfica del Ebro no había notificado a los ayuntamientos la existencia de tan elevado grado de contaminación. Surge la pregunta de en cuántos puntos del Estado puede repetirse una situación parecida en la que la ciudadanía no está informada de la existencia de fuentes contaminantes hasta que ya es demasiado tarde. Surge la necesidad de que la ciudadanía, por medio de las autoridades autonómicas, municipales y asociaciones que tengan por objetivo el cuidado del medio ambiente, tenga acceso a los resultados de los análisis medioambientales.
La Confederación Hidrográfica del Ebro debería suministrar datos de la calidad de las aguas en los diferentes puntos del cauce, tanto a la entrada del embalse de Ribarroja como a la salida del embalse de Flix o después del paso por Ascó. Es inconcebible que hasta ahora el Ayuntamiento de Flix no hubiera recibido información de la naturaleza radiactiva de los residuos que la empresa Ercros vertía en el vertedero de su municipio. Ante la sensación de incertidumbre creada en la ciudadanía, ¿no cree el Gobierno que debe velar para que la información llegue de forma transparente a las distintas autoridades autonómicas y locales?

Según el punto 2 del citado artículo, los poderes públicos velarán para restaurar el medio ambiente apoyándose en la solidaridad pública. En este caso interpelamos al Gobierno para que procure una respuesta urgente y efectiva. Las autoridades locales, los vecinos y vecinas cercanos al foco de contaminación requieren un plazo para la intervención inmediata.
Aunque hayan pasado años sin tomar medidas la constatada contaminación por metales pesados y uranio, entre otros compuestos, exige que los plazos de solución sean de extrema urgencia. La consigna de que no debe haber alarmismo social no exime de que la situación sea crítica. Respecto a las posibles soluciones consideramos que este criterio de urgencia debe combinarse con la garantía de que los procedimientos escogidos sean los más seguros para la población y el medio ambiente. En este sentido, pedimos al Gobierno que cuanto antes exponga el ámbito en el que se van a tomar estas decisiones y lo modifique convenientemente para poder incluir la participación de las entidades locales y de asociaciones científicas, ecologistas y vecinales. El citado artículo 3, además de las sanciones penales, exige la obligación de reparar el daño causado. Apoyándonos en la solidaridad colectiva que menciona la Constitución, preguntamos al Gobierno si piensa aportar fondos en los presupuestos de 2005 para emprender cuanto antes un programa de descontaminación. ¿Cuál ha sido el destino concreto de los 104 millones de euros mencionados? Insistimos en que debe aplicarse el principio de que quien contamina, paga.


Finalmente hay que apuntar la grave injusticia que se está haciendo a las pymes y a las industrias que invierten en la ambientalización de sus actividades. Nos consta que en Cataluña gran cantidad de empresas han tenido que adaptar sus modelos de gestión a la normativa ambiental relacionada con residuos industriales, la regulación ambiental de actividades, la emisión de aguas y otras normativas sectoriales. ¿Cómo se puede legitimar cualquier procedimiento de requerimientos o sanciones ante cualquiera de estas empresas cuando se permite un nivel de irregularidad proporcionalmente muy superior en Erkimia? ¿Dónde se decide que el trato debe ser diferente? ¿En cenas, en comidas? Además de solicitar una
investigación por parte de la Fiscalía, pedimos al Gobierno que exponga su opinión al respecto y que explore las posibilidades para que sean Ercros y los responsables que han permitido esta crisis los que asuman el coste de restaurar ambientalmente el pantano de Flix. Aunque por razones de urgencia es necesario que sean los fondos públicos los que sufraguen inicialmente estos costes de restauración, deben recuperarse íntegramente. ¿Es que Ercros no ha tenido beneficios desde que se conoce el problema? ¿Es lícito que los fondos públicos sirvan para garantizar el lucro de sociedades y directivos? Por todo lo expuesto y ante la alarma social creada al respecto en los últimos días hemos interpelado al Gobierno con carácter urgente sobre la responsabilidad ambiental en la acción del Gobierno ante el grave episodio de contaminación acaecido en el río Ebro a la altura del pantano de Flix. Asimismo, y a tenor de los puntos tratados anteriormente, nuestro grupo redactará una moción, que esperamos que apoyen los demás grupos, para que el Gobierno solicite una investigación por la Fiscalía y tome las medidas oportunas para reparar el daño causado.

Replica a la Ministra de medi Ambient
Gracias.
Señora Bonás, tiene usted la palabra para sus cinco minutos de réplica.


La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señora ministra.


En este Estado desde el 14 de marzo se respira algo mejor. Espero que no nos haya legado más regalos como este el anterior Gobierno. Me tranquiliza su posición al respecto. Yo también deseo que la comisión de seguimiento, además de estar integrada por la ciudadanía, tenga un aspecto muy científico, porque no podemos dejar que criterios políticos dominen la comisión de seguimiento.

Respecto a la responsabilidad ética, me parece muy bien, pero me gustaría que dicha responsabilidad costara dinero. Manos a la obra, señora ministra. Hemos de conseguir que quien ha contaminado pague.

Quería hacer también una reflexión. En Flix se ha permitido un sector industrial que es incapaz de asumir sus externalidades, ni siquiera los costes contemplados en la normativa vigente. En otras palabras, Flix depende de una sola empresa. Esa empresa está contaminando el ambiente, es una realidad que era conocida por autoridades supralocales, y sin embargo han pasado muchos años para dar una respuesta. La estabilidad económica de la ribera del Ebro, con el beneplácito de la Administración pública, se ha dejado en manos de empresas con constatadas deficiencias de sostenibilidad. Así, cabe una responsabilidad pública en cuanto a que no se han abierto posibilidades distintas para que esta zona se desarrolle económicamente. No será suficiente con conseguir descontaminar el pantano de Flix, sino que además hay que aportar soluciones a esta zona, que no dependa de una empresa contaminante que cuando cierre se irá a contaminar a África pero que dejará aquí la zona sin medios de subsistencia. No hemos querido crear una alarma respecto a esta situación porque ya hemos dicho que el agua no está contaminada y la situación económica de la zona depende del Ebro, y así debe ser. Los proyectos futuros de turismo, de agricultura y de pesca dependerán siempre del agua del Ebro. Por lo tanto, será necesario que este Gobierno, con su responsabilidad ética, sea capaz de asumir recursos para esta zona y establecer sendas de desarrollo futuro desligadas de Erkimia. Así pues, nuestra moción también irá en el sentido, señora ministra, de que, además de las responsabilidades éticas, hay una responsabilidad respecto a futuros desarrollos para esta zona.


Gracias.